Hacen parte de la ambiciosa cirugía institucional que quiere hacer el gobierno Santos.
Como no había sucedido antes, los estragos de la corrupción son hoy el motor de una de las cirugías más grandes que haya tenido el nivel central del Estado colombiano.
Con las facultades que la semana que entra deben quedar listas en elCongreso -falta un artículo por aprobar en la plenaria del Senado-, el Gobierno devolverá la página para revivir los ministerios de Justicia y Trabajo, eliminados por la administración Uribe, y creará el de Vivienda.
Pero sobre todo aprovechará los próximos seis meses -el tiempo de las facultades- para meterles mano a varias entidades que llevan años de escándalos. La reforma incluye hasta la eliminación de nombres, pues hay 'marcas' como DAS y DNE que acusan el descrédito, y 'cambios extremos' a la Superintendencia de Notariado y Registro y el Inpec.
En la lista de pacientes está también un instituto que demuestra que liquidar las entidades no necesariamente resuelve los problemas: es elIncoder, que reemplazó al antiguo Incora y en menos de siete años estuvo a punto de ser liquidado dos veces.
Y aparece el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), que en el mismo lapso ha visto a tres de sus directores salir rumbo a la Fiscalía.
Fondelibertad, otra entidad cuestionada por malos manejos, ya cambió de nombre: ahora se llama Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, y su manejo sobre contratación (tema que tiene en líos judiciales al ex director Harlan Henao) se redujo al máximo.
Estupefacientes, sin bienes
El descubrimiento de 150 mil hectáreas, muchas de ellas de la Nación, que fueron robadas con complicidad de registradores públicos es apenas el abrebocas de lo que ha encontrado el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez.
"Al paso que vamos, las hipótesis de tantos estudiosos van a quedarse cortas. Cada vez estamos más cerca de comprobar que entre 2 y 3 millones de hectáreas fueron despojadas", le dijo el Súper a EL TIEMPO.
"Al paso que vamos, las hipótesis de tantos estudiosos van a quedarse cortas. Cada vez estamos más cerca de comprobar que entre 2 y 3 millones de hectáreas fueron despojadas", le dijo el Súper a EL TIEMPO.
El despojo que se iniciaba con la violencia 'para' se legalizaba en oficinas estatales. En Incoder hubo funcionarios que adjudicaron irregularmente tierras de reforma agraria o baldíos de la Nación a fichas de los 'paras'. Luego, esas adjudicaciones eran legalizadas en oficinas de Registro también permeadas por la mafia. La cuenta de ese saqueo pasa, según cuentas de la nueva administración de Incoder, de 222 mil hectáreas.
Para salvar a la Dirección Nacional de Estupefacientes, la receta pasa por desprenderla de un 'botín' que la ha puesto en la mira de todos los corruptos y de la misma mafia: los bienes incautados.
"Había que decidir si nos quedábamos persiguiendo las moscas o si buscábamos qué era lo que las atraía tanto", dice Juan Carlos Restrepo, el Director de Estupefacientes.
Todos los bienes de la DNE y de otras agencias del Estado que manejan incautaciones pasarán a una agencia central que dependería del Ministerio de Hacienda.
"Había que decidir si nos quedábamos persiguiendo las moscas o si buscábamos qué era lo que las atraía tanto", dice Juan Carlos Restrepo, el Director de Estupefacientes.
Todos los bienes de la DNE y de otras agencias del Estado que manejan incautaciones pasarán a una agencia central que dependería del Ministerio de Hacienda.
1. Notariado y Registro
Estado: Crítico
Diagnóstico: El Superintendente describió así la situación, tras revisar apenas el 10 por ciento de las Oficinas de Notariado y Registro: "donde uno mete el dedo, sale pus". En muchas de esas oficinas se legalizaba el robo de tierras a desplazados o al mismo Estado. Registradores de Bolívar, Meta y Antioquia están denunciados penalmente.
Tratamiento: Tras la depuración, vendrá un mejoramiento de perfil de los 2.500 funcionarios, que en promedio ganan un millón de pesos, lo que los pone en alto riesgo de corrupción. Se creará una delegada para la Restitución, para enmendar los malos hechos del pasado.
2. Incoder, clave a futuro
Estado: Crítico.
Diagnóstico: En varias regiones del país, especialmente en la Costa, funcionarios e incluso directores regionales de Incoder entregaron tierras que eran de desplazados a paramilitares. También hay decenas de casos de asignación de lotes baldíos de la Nación a grandes terratenientes. Por los mismos hechos están investigados varios ex funcionarios del Incora. Se estima que de cada 10 casos de tierras usurpadas por los violentos, en 8 hubo complicidad de funcionarios públicos.
Tratamiento: El Incoder se salvó de la desaparición porque, tras una cirugía profunda, deberá jugar un papel clave en el plan de Restitución de tierras, una de las banderas del gobierno Santos.
En 6 meses, más de 100 mil hectáreas despojadas han vuelto a sus dueños.
El pasado miércoles, el senador Iván Name, en una sesión de análisis del Plan Nacional de Desarrollo, propuso la liquidación de la entidad, a la que llamó "instrumento oprobioso de despojo de tierras" y aseguró que "el Incoder es peor que el Das".
3. Estupefacientes
Estado: Crítico.
Diagnóstico: La entidad que hace 21 años fue creada para definir la política antidrogas de Colombia terminó convertida en administrador de los bienes incautados a la mafia. Son cerca de 74 mil propiedades y bienes que, dice el actual director, Juan Carlos Restrepo, "fueron tratados como si fueran la 'guaca' de las Farc" por el mismo Estado, por políticos y funcionarios y por la sociedad en general. La Corte investiga a una docena de congresistas y ex congresistas porque habrían recibido cuotas políticas en la DNE, que les significaban puestos y asignación de propiedades a familiares y allegados. Hay varias denuncias penales interpuestas contra funcionarios y depositarios. Pero cada semana se destapan nuevos escándalos. "Acá se perdieron fincas, las desaparecieron, y es probable que eso todavía esté pasando", dice el Director.
Tratamiento: Estupefacientes entregará el manejo de los bienes incautados. Se tramitará una ley para poder vender, de inmediato, las propiedades incautadas, sin necesidad de que amenacen ruina, como sucede ahora. No se descarta la liquidación total y el nacimiento de una nueva entidad, con otro nombre.
4. Hasta de nombre cambiará el DAS
Estado: En cuidados intensivos desde el 2009.
Diagnóstico: Después de medio siglo de historia, el DAS es un referente de los grandes escándalos de los últimos años: infiltración 'para' y 'chuzadas'. Su actual director, Felipe Muñoz, lleva dos años trabajando en la nueva entidad. En dos años, la actual administración ha cerrado 10 puestos operativos y retiró a 175 funcionarios por casos de infiltración de narcos y nuevas bandas. También se apretó la chequera de gastos reservados, que eran usados sin controles, como se demostró con las 'chuzadas'.
Tratamiento: Según los planes del Gobierno, el DAS debe liquidarse para darle paso a una agencia concentrada en temas de inteligencia. Podría conservar un pequeño grupo de Policía Judicial para casos de amenazas a la seguridad nacional, pero aún el tema no se define.
Lo que está claro es que el nombre no va más.
5. Inco contrata consultores para 'remodelarse'
Estado: En observación.
Diagnóstico: En siete años de vida, el Inco ha sido centro de varios escándalos. El último de ellos fue el retiro del director Álvaro José Soto, por denuncias de supuestos sobornos para una licitación férrea. Su enorme presupuesto -es la entidad que contrata las megaobras- la hace altamente vulnerable a la corrupción.
Tratamiento: la directora del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), María Inés Agudelo, dice que se trabaja con varias firmas consultoras para rediseñar esa entidad y mejorar los sistemas de contratación y concesiones.
A mediano plazo le dará espacio a la Agencia Nacional de Infraestructura.
Inpec, 'preso' de sus líos internos
El Inpec, que maneja las cárceles del país, es otra de las entidades que, de seguir como van, no serán viables. El tratamiento pasa por darle mayores dientes al Director para reaccionar frente a casos de corrupción interna. Hay 8 mil procesos represados.
Reformas pendientes
En los próximos meses habrá ajuste en el Gobierno Central. En las otras ramas el tema sigue pendiente en entes cuestionados como el Congreso y la Judicatura.
F eltiempo.com
