No todas las víctimas del secuestro están con Íngrid Betancourt

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Aunque Betancourt no es la primera en pedir reparación, sorprendió el monto: $ 15 mil millones.

La petición de Íngrid Betancourt al Estado colombiano para que la indemnice por su secuestro a manos de las Farc, no es la primera que hace un ex secuestrado de la guerrilla.
Claro que sí es la más polémica, especialmente porque la Fuerza Pública la rescató, porque exige 15 mil millones de pesos de reparación y porque, según el gobierno de la época, ella se expuso a ser secuestrada al viajar al Caguán por carretera contrariando las advertencias oficiales.
La discusión también ha dividido a las víctimas del secuestro, pues mientras algunos no critican a Íngrid, entre ellos Jorge Eduardo Géchem y Alan Jara, que no descartan demandar al Estado, también están surgiendo voces en este sector que cuestionan a la ex candidata.
EL TIEMPO conoció que varias de las personas que fueron 'secuestradas políticas' ya dieron el paso de Íngrid y acudieron a la figura de la conciliación para pedir resarcimiento. "Casi todos los liberados han demandado", dice Deyanira Ortiz, esposa del liberado ex congresista Orlando Beltrán, que acudió a los estrados.
Los casos más avanzados son los de los diputados del Valle, secuestrados y luego asesinados por las Farc. Hasta ahora, seis de las 11 familias han sido indemnizadas. Recibieron 200 salarios mínimos, unos 100 millones de pesos.
Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado Juan Carlos Narváez, dice que los magistrados hallaron responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa en el secuestro, ocurrido el 11 de abril de 2002.
Faisury Perdomo, abogada que conoció el caso, contó que no hubo reparación por lucro cesante debido a que los familiares de los diputados recibieron los dineros correspondientes a salarios. Explicó que solo se les concedió una reparación por "daño en la vida y en la relación" y por perjuicios morales.
El único sobreviviente de este secuestro, Sigifredo López, también demandó por los perjuicios que le dejaron casi 7 años de cautiverio. En su criterio, hubo una falla en el servicio de protección y seguridad en la Asamblea.
Controversia
Un eje del debate es que, a diferencia del caso de los diputados, Íngrid sí fue devuelta a la libertad gracias a una acción del Estado: la 'Operación Jaque' (2 de julio de 2008), en la que se invirtieron recursos oficiales y se puso en riesgo la vida de varios militares.
"El Estado no la secuestró, fueron las Farc. Ella fue advertida de que no fuera, pero no hizo caso", dijo Robertina Sánchez, madre del coronel Enrique Murillo, liberado en la 'Operación Camaleón', hace un mes.
Para Magdalena de Hernández, madre del mayor Elkin Hernández, la pretensión de Betancourt "es la cosa más absurda,pues fue mucha la plata que se gastó en la 'Operación Jaque' para su liberación y las de los tres norteamericanos".
María del Carmen de Donato, madre del coronel William Donato, aseguró que respeta la decisión de Betancourt "porque cada persona piensa diferente y siente distinto el dolor".
De acuerdo con Fernando Arboleda Ripoll, ex presidente del Consejo de Estado, "el debate en este caso no es si ella ha debido demandar o no. El punto es si puede demostrar la responsabilidad del Estado en su secuestro".
El penalista Jaime Lombana aseguró que desde el punto de vista penal lo que ocurrió con Betancourt fue "una autopuesta en peligro y no puede haber indeminización ni imputación de responsabilidad a un tercero".
La petición de Íngrid fue inesperada. Incluso para su ex compañero Juan Carlos Lecompte, quien apenas atinó a decir: "No tengo ni idea, me toma por sorpresa, estoy sorprendido".
REDACCIÓN JUSTICIA

Fuente : eltiempo.com/colombia/justicia/ingrid-betancourt-demanada-al-estado-por-su-secuestro_7799282